La junta de Arcosur rectificará y se comprometerá a dar las VPO en julio

La polvareda que ha levantado la posibilidad de que las obras de urbanización de Arcosur puedan retrasarse 18 meses obligaba a la junta de compensación a mover ficha y la presidencia del consejo rector optó ayer por rectificar sus planes. Sus miembros se reunieron ayer en las oficinas del Colegio de Mediadores de Seguros, en Gran Vía, durante cinco horas para acordar la elaboración de un comunicado oficial conjunto en el que “se garantizará que se mantendrán los compromisos adquiridos en la asamblea de propietarios de suelo celebrada el pasado mes de mayo y se entregarán las más de 2.000 viviendas VPO ahora en construcción en las debidas condiciones”.

Así lo aseguraron fuentes del propio consejo rector, quienes además destacaron que el documento incluirá otra importante novedad: “los cooperativistas estarán representado en el consejo de administración ocupando dos de los tres puestos que han quedado vacantes”. La salida del mismo del anterior presidente, Alberto Ferraz, y los representantes de las empresas Dumesa y Gracia y Benito, se compensará con la entrada de aquellos que más podrían perder con la paralización o ralentización en la ejecución de los trabajos de urbanización.

Los futuros vecinos de Arcosur, que ayer se manifestaban a las puertas del edificio donde se celebraba la reunión del consejo con una pitada en la que participaron decenas de personas, propietarios todos ellos de los pisos que se podrían ver amenazados con el cambio de planes en el ritmo de ejecución de la urbanización que planteaba el nuevo presidente con el apoyo de otras cinco empresas. “No aceptaremos ningún retraso en la entrega de los pisos”, reiteró el portavoz de la asociación de vecinos de Arqueros, Antonio Almudí. Nada hacía presagiar entonces que, a puerta cerrada, se estaba abordando como punto importante del orden del día su entrada en el equipo directivo donde se toman decisiones.

Eso sí, se hace con el permiso de la asamblea, a la que tendrán que dar cuentas y aclarar el próximo 7 de noviembre las incógnitas que ellos mismos han generado, desde el pasado mes de junio abriendo la posibilidad de retrasar las obras si no se atendía su petición de construir 7.

000 viviendas VPO más en Arcosur, y desde el pasado mes de septiembre iniciando el recambio en la presidencia que ha acabado llevando a ese puesto a Manuel Asín, principal impulsor de ese cambio de planes.

De hecho, la operación recambio aún no ha finalizado. Es cuestión de tiempo que se sustituya a la empresa que gestiona Arcosur por otra de la confianza del propio Asín, Hídricas del Ebro.

Según fuentes empresariales, el gerente de la misma, Fernando Oliván, ya había trasladado al resto de miembros del consejo (o parte del mismo) su intención de seguir los pasos del anterior presidente, Alberto Ferraz, con el que ha colaborado en un intenso trabajo para sacar adelante la viabilidad de Arcosur y para que el proyecto tuviera futuro. Sin él al mando, no tenía mucho sentido continuar. Eso allanaba el camino a otros miembros del consejo, que veían en su sustitución un cambio necesario. Más bien, imprescindible, para contar con una empresa más afín.

Sin embargo, lo más importante ayer era tranquilizar a las 5.000 personas que entrarán a vivir, ahora sí, en las 2.100 viviendas que ahora se están construyendo. Y despejar fantasmas. Porque fueron ellos los que apuntaron a la inviabilidad de mantener un ritmo de ejecución en el que deben invertir de dos a tres millones de euros al mes. Y eso que ya se acordó hace más de un año que el pago de cada certificación se haría seis meses después de presentarla y que, incluso, para aliviar la delicada situación económica de los propietarios de suelo, las obras acabarían de pagarse un año después de su finalización.

Es decir, que hasta 2014 acabarían de abonar las cantidades necesarias para que las primeras familias de Arcosur entraran a vivir en julio del 2012, como se comprometieron en mayo.

Lo que queda por aclarar es qué decisiones van a tomar para reducir costes. Si esto se acabará traduciendo en otras calidades o como serán esas “debidas condiciones” que ofrecerán a los primeros vecinos a las que apuntaban ayer algunos miembros del consejo. Porque cómo se cubrirán los 120 millones que faltarán para urbanizar el resto de las 400 hectáreas es complicado de explicar.

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